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En ellas se solicitaba al jefe de Estado la toma inmediata de correctivos para evitar el deterioro en la calidad del servicio de la EPS Saludcoop [3].

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El escrito finalizó aseverando que: En escrito del 2 de abril de , el Agente Especial Interventor de Saludcoop EPS informó que la Superintendencia Nacional de Salud le dio traslado de la denuncia ciudadana presentada por los trabajadores de Audieps Ltda. Aseveró que las personas que suscriben la queja no son trabajadores de Saludcoop, ni de Audieps Ltda. Advirtió que no conoce la fuente de los datos que fueron presentados ante la Corte y previno que las denuncias no corresponden a las estadísticas con las que cuenta la EPS.

Sobre las irregularidades financieras afirmó que eran parcialmente ciertas y que precisamente esa fue una de las razones por las cuales las autoridades estatales se vieron obligadas a iniciar el proceso de intervención de la EPS. El actual estado de Saludcoop fue resumido en los siguientes términos: Sin perjuicio de lo anterior la entidad intervenida manifestó que: Subraya fuera de texto. Respecto a las quejas de calidad y prestación de los servicios médicos, aclaró que la EPS ha creado un sistema de solicitudes de mejoramiento, la cual incluye quejas, reclamos, felicitaciones y cualquier otro tipo de comunicación que los usuarios presenten.

En igual medida aseveró que: En cuanto a las tutelas, la EPS durante el recibió En cuanto a la red de servicios y la disponibilidad, Saludcoop aclaró que las agendas médicas a las cuales hacían referencia los peticionarios no son asignadas por dicha EPS, sino por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS que hacen parte de la red contratada.

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Por tanto la entidad solo realiza el seguimiento y la retroalimentación permanente para que los prestadores realicen las mejoras internas que requieran en este sentido. En relación con la supuesta demora en la realización de los comités técnico científicos manifestó que: Semanalmente un promedio de La EPS intervenida informó que como mecanismo de control se rediseñaron políticas de cobertura y se inició un proceso de revisión del sistema de información en la plataforma de la entidad, con el fin de identificar de forma clara y real el costo de las prestaciones cubiertas por el POS y el costo de los servicios no POS, definiendo un presupuesto esperado de costo ajustado con el crecimiento poblacional.

Sobre el particular, se manifestó: Sobre la prestación de servicios inoportunos, se reportan 3.

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Bajo las anteriores circunstancias, esta Sala Especial dictó el Auto de [7] , a través del cual se impartieron órdenes tendientes a establecer la situación real de la EPS intervenida [8]. La referida providencia buscó determinar la existencia de un eventual incumplimiento a las órdenes expedidas en la Sentencia T de teniendo en cuenta que: La Corte evidenció que a pesar de la gravedad de las acusaciones y la existencia de pruebas sumarias, el Ministerio de Salud y Protección Social, y la Superintendencia Nacional de Salud, no se habían pronunciado sobre los hechos descritos por los denunciantes, ni se había acreditado que las medidas de regulación y control fueran apropiadas para enfrentar las presuntas deficiencias en la gestión de la promotora y la afectación de los derechos de los usuarios: Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de obtener elementos de juicio, la Sala Especial de Seguimiento involucró a diferentes entidades estatales que tienen a cargo la dirección del sistema de salud, así como la inspección, vigilancia y control, para que dieran a conocer su posición respecto de las irregularidades enunciadas, así como dio traslado a las autoridades competentes para que investigaran la veracidad de las denuncias reportadas.

En relación con los resultados obtenidos con la intervención de la EPS señalaron que: En el informe se relacionaron las estrategias para restituir la liquidez de la EPS intervenida. Entre las acciones a adoptar se destacaban: Para tal fin, reprodujeron el informe ejecutivo presentado por el agente especial interventor de Saludcoop en el que, entre otras cosas, se hizo una relación detallada de las estrategias y el plan de restitución de liquidez.

La meta es 2,0. Ahora bien, el informe presentado por el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud también permitió evidenciar varias falencias que fueron reconocidas en los siguientes términos: De la misma manera se evidencia déficit en la oferta de consultas de medicina interna en todas las regionales siendo Llanos y Santander las que presentan mayor demanda insatisfecha.

En el caso de pediatría se ha tenido dificultad debido a la alta demanda de la consulta por su condición de acceso directo. Para obstetricia el indicador ha sido uno de los que mayores retos organizacionales ha planteado, debido a las implicaciones que el mismo tiene y que a pesar de seguir realizando todos los esfuerzos encaminados en solucionar la oportunidad de esta especialidad, no se han logrado los resultados esperados. La EPS poseía en las sociedades controladas y otras inversiones del grupo que presentaron resultados deficitarios. El ente de control fiscal resumió el objeto del proceso en los siguientes términos: En primer lugar, indicaron que los hallazgos generados por los trabajadores de AudiEps Ltda.

Como consecuencia indicaron que la información entregada a la Sala de Seguimiento por parte del interventor no es completa, ni veraz. Refirieron un correo electrónico en el que Audieps Ltda. Así mismo, llamaron la atención sobre el aumento de los costos médicos e indicaron que sobre este asunto previamente habían elevado una petición ante el agente interventor. En igual medida, los denunciantes informaron que tanto el Ministro de Salud, el Superintendente de Salud y el agente interventor de Saludcoop posiblemente han sido reticentes ante la Sala Especial de Seguimiento en reconocer la grave situación financiera que atraviesa la EPS, circunstancia que afecta de forma grave el debido goce del derecho a la salud.

Finalizan su denuncia precisando nuevamente que las directivas de la EPS intervenida han optado por no dar respuesta a las peticiones que realizan los trabajadores con el fin de impedir que se conozcan las protuberantes irregularidades que se presentan. Agente interventor, las cuales al parecer se han orientado a incrementar las tarifas que se pagan a algunos de los prestadores de servicios de salud contratados recientemente. Cabe resaltar, que la aludida petición a la fecha no ha sido atendida.

Un grupo de trabajadores, en ejercicio del derecho de petición, solicitamos al Dr Guillermo Grosso Sandoval, absolviera algunas inquietudes relacionadas con los preocupantes resultados de la gestión de la interventoría al frente de Saludcoop. Indicaron que el Contralor designado por la Superintendencia y la propia EPS comprobaron deficiencias en el proceso de auditoría que ponen en entredicho el alcance de la información allegada, así como las condiciones técnicas mencionadas en la queja.

El Ministerio y la Superintendencia aseveran que como resultado del seguimiento a la intervención desde mayo de se descubrió que Saludcoop EPS no contaba con un adecuado sistema de seguimiento y control al interior de la entidad, lo cual incluía una deficiente gestión financiera, prestacional y técnico científica. Sólo a través del proceso de intervención, que implica una medida extrema y excepcional en las facultades de control a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud, ha sido posible avanzar en la consolidación de información clara y soportada, en el fortalecimiento de relaciones empresariales transparentes y en la garantía de la debida destinación de los recursos de la salud.

Señalaron que el anterior panorama requiere de la adopción de medidas que solucionen de fondo los problemas detectados y precisaron que la Superintendencia ha tomado las siguientes decisiones: En esta línea de pensamiento el Ministerio y la Superintendencia afirmaron: Así mismo, explicaron que los hechos descritos demuestran que la situación de Saludcoop es compleja y requiere acciones igualmente estructurales para afrontar los hallazgos que dieron lugar a su intervención. No obstante, insisten en que la acción del Gobierno en este caso ha sido decidida, ya que ha comprendido no solamente la intervención sino un plan y un programa con medidas concretas y específicas para enfrentar cada una de las dificultades que deben ser superadas para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de los usuarios.

Para respaldar sus afirmaciones presentan un anexo en el cual se establece que: Los resultados reportados en materia de indicadores son óptimos y vienen mostrando una tendencia a la mejora por lo que reportar esa información para emitir aseveraciones de un deterioro en este aspecto o una grave situación en la prestación de servicios en SaludCoop no se ajusta a la realidad de las cifras oficialmente presentadas y carece de contexto frente a los procesos que desarrolla la entidad de seguimiento y mejora con sus prestadores y en la evaluación de suficiencia y conformación de la red.

Advirtieron que hasta tanto no se evidencien resultados concretos positivos sobre la garantía del goce efectivo del derecho a la salud es aconsejable mantener la intervención forzosa. Ahora bien, el ente Ministerial y la Superintendencia de Salud en su informe de respuesta cuestionaron la competencia de esta Sala Especial de Seguimiento para conocer de los problemas existentes en Saludcoop. Saludcoop por otra parte es un caso extraordinario en el sistema y justamente por eso se encuentra sujeto a intervención y constituye un objeto permanente de monitoreo por parte de la Superintendencia y el Ministerio de Salud.

Las circunstancias de esta EPS se encuentran a su vez sujetas a otro tipo de procedimientos judiciales y administrativos específicos en los que existen autoridades que han adoptado y se encuentran adoptando medidas, después del desarrollo de extensos y detallados procesos probatorios. En este sentido, en el caso de Saludcoop no sólo no se ha presentado un incumplimiento de la sentencia sino todo lo contrario.

Las anteriores consideraciones fueron ampliadas por el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud mediante oficio del 6 de junio de El referido informe aseveró que la afirmación realizada por los trabajadores de Audieps Ltda. Así, no existiendo la posibilidad legal de realizar "intervenciones indirectas", las mismas simplemente no existen y no pueden ser ejecutadas por la administración. Así, aunque en materia de la unidad de propósito, las políticas generales y la selección de los administradores la matriz tiene diferentes grados de control, lo cierto es que las entidades o "unidades operativas" de un grupo empresarial, son independientes jurídica y administrativamente.

Así, la intervención forzosa administrativa sobre Saludcoop EPS tiene, como bien lo intuyen los denunciantes, unos efectos sobre el Grupo Empresarial, dada la condición de matriz que tiene dicha EPS sobre el mismo. Pero, como se mostró arriba, dichos efectos no son los de una "intervención indirecta", figura inexistente, sino los propios del control ejercido por la matriz sobre las subordinadas. Teniendo en cuenta lo anterior, rebate la afirmación realizada por los denunciantes acerca de una reticencia por "parcialidad y sesgos" por el hecho de haberse referido exclusivamente a Saludcoop EPS.

En este sentido, afirmó lo siguiente: En igual medida, manifestaron que en casos en los que se podrían presentar situaciones asimilables se han podido aplicar otras medidas especiales, ya que no se han identificado estos riesgos en el largo plazo o simplemente ha sido posible adoptar acciones definitivas como la liquidación de la respectiva entidad y el traslado de los afiliados.

Todo para asegurar que el traslado de afiliados no afecte, ni ponga en riesgo, el derecho a la prestación efectiva y oportuna de los servicios. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, el informe manifestó respecto a las irregularidades detectadas en las EPS Cruz Blanca y Cafesalud lo siguiente: Sobre la presunta estrategia del ente Ministerial y la Superintendencia de Salud de ocultar información que perjudica a Saludcoop, el informe presentado a la Sala Especial de Seguimiento asevera que: El Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud reconocieron que si bien se han identificado graves problemas financieros en la EPS intervenida, esta situación no es consecuencia de las medidas adoptadas por el órgano interventor, sino por la pésima gestión que existía sobre los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Dado lo anterior, aunque las afirmaciones de los denunciantes en cuanto a la situación financiera de la entidad podrían considerarse parcialmente ciertas, las razones por las que consideran que el deterioro de dicha situación se presenta durante la intervención son erradas …. Sin embargo, aclaró que la actuación de la Superintendencia, con el control de tutela respectivo del Ministerio, ha estado siempre encaminada a buscar la mejor solución posible de esta situación frente a los intereses de los trabajadores, teniendo como premisa constante la protección de los derechos de los afiliados.

Esta Sala Especial de Seguimiento accedió a dicha solicitud mediante auto de fecha 18 de julio de También exteriorizó su preocupación por lo que catalogó como una recurrente violación al derecho de petición por parte del agente interventor, en los siguientes términos: Bajo las anteriores circunstancias, esta Sala Especial dictó el Auto de , a través del cual se solicitó información a la Superintendencia Nacional de Salud [17] teniendo en cuenta los nuevos reparos presentados por los denunciantes, es decir, ya no solo respecto de la EPS intervenida, sino de la totalidad del Grupo Saludcoop, del cual hacen parte Cafesalud y Cruz Blanca.

En igual medida el auto en cuestión manifestó su preocupación por la respuesta institucional a varios problemas identificados tanto en la sentencia T de como en el auto de En este sentido afirmó: Sin perjuicio de lo anterior, la entidad promotora de salud intervenida aseveró que: En igual medida, dicho ente reconoció que hasta el 21 de agosto de se habían desplegado por tardía asignación de consultas médicas de otras especialidades Con base en ese proceso, que duró en total alrededor de un 1 año, se expidió el Decreto de , por medio del cual se modificó la estructura de la Superintendencia.

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La Delegada de Procesos Administrativos se creó en el marco de esa reestructuración, con el fin de centralizar todos los procesos sancionatorios en una sola dependencia, y de unificar criterios y promover la eficiencia en las actuaciones procesales. Así, esta dependencia es la encargada de adelantar y promover en primera instancia los procesos administrativos sancionatorios, cuando en ejercicio de las diferentes actividades de inspección y vigilancia ejecutadas por las Superintendencias Delegadas, se evidencien asuntos que puedan conllevar infracción, por parte de los sujetos vigilados, de las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Esta Delegada entró en funcionamiento el 17 de enero del año en curso. Por lo anterior, es de esperar que la reestructuración de la entidad, la centralización de la facultad sancionatoria y la unificación de los criterios para la imposición de multas, generen en el corto plazo sanciones ejemplarizantes y efectivas por medio de las cuales se castiguen las infracciones de las normas y se generen incentivos para adecuar el comportamiento de los operadores del Sistema a las normas que lo regulan.

El 15 de septiembre de , el ciudadano William Arturo Vizcaíno Tovar allegó un escrito denominado: Enlistó una serie de casos en los cuales se refleja la delicada situación a la que deben someterse los usuarios de la mencionada promotora de salud y describió los problemas en materia de acceso a los servicios de salud lo cual conlleva a una violación del goce efectivo del derecho.

Finalmente, calificó de extraña la posición asumida por el Superintendente de Salud en torno a los hechos denunciados por ellos en el mes de febrero de , ya que: El ente de control afirmó que se han encontrado algunas limitantes relacionadas con falencias estructurales referentes a la ausencia de claridad respecto a las variables que componen la UPC, específicamente en lo relacionado con la prestación de los servicios en salud medicamentos, insumos y otros y dificultades en el acceso a información clara y completa.

Sobre el particular manifestó: Negrilla fuera de texto. La anterior situación limita nuestro acceso a la información completa aunado a la dificultad que hemos tenido para contar con las direcciones y teléfonos de los beneficiarios que interpusieron tutelas por medicamentos POS. Con base en las denuncias presentadas por el ciudadano William Arturo Vizcaíno Tovar, la Sala dictó el Auto de por medio del cual corrió traslado a la Superintendencia de Salud del documento allegado el 15 de septiembre de En cumplimiento de la mencionada providencia, la Superintendencia de Salud allegó el 28 de noviembre de [21] el informe requerido por la Corte en cual se ordenó determinar el estado actual de los casos señalados por el ciudadano Vizcaíno Tovar así como las acciones emprendidas por esa entidad para hacer frente a esas situaciones.

Dicha entidad relacionó los avances obtenidos con la creación del plan de acción para minimizar los actos que atentan contra el derecho a la salud de los usuarios de las EPS del grupo Saludcoop. De igual manera, indicó que agotada la fase de participación donde se involucró a Saludcoop, Cruz Blanca, Cafesalud, las asociaciones de usuarios y de pacientes y la Defensoría del Pueblo para que hicieran sus aportes, procedió a la construcción de un plan para dicha entidad.

Allí relacionó las bases de datos que fueron entregadas a la Superintendencia de Salud y en las que se indican algunos de los hechos que sirvieron de fundamento para el Auto de , de los cuales se ordenó su investigación.


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